Su rechazo frente a la decisión del Tribunal Constitucional que repone la posibilidad de lucrar en la educación superior, manifestó el senador Alfonso De Urresti. “Nos encontramos frente a un fallo que repone el lucro en las universidades. Esto es inadmisible, pues ni la ley de universidades de Pinochet al menos formalmente lo permitía. En los hechos hoy el TC es constituye una versión 2.0 de los “senadores designados”. De esta manera un organismo que no ha sido electo y que no responde frente a la soberanía popular, cambia el sentido de una ley ampliamente discutida en el Congreso”, manifestó el parlamentario.
De Urresti agregó además que era necesario terminar con el control preventivo del TC. “Nuestro emplazamiento al Gobierno, si quiere acuerdos, uno de ellos debe ser terminar con el control preventivo del Tribunal Constitucional”, dijo el senador. El legislador, junto a un grupo de parlamentarios socialistas, presentó hacia fines de la legislatura pasada, un proyecto de cambio constitucional que busca eliminar la facultad “preventiva” respecto de los proyectos de ley que hoy ejerce el tribunal.
En su crítica al rol de “colegislador” del TC, los senadores socialistas mencionan en su proyecto de ley los casos de la Reforma Laboral, la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales y la creación de un Sernac “con dientes”; todos ejemplos donde el Tribunal cambió o rechazó el articulado que previamente había sido debatido y acordado en el Congreso.
La propuesta legislativa de los parlamentarios socialistas se plantea sobre la base de un crítico diagnóstico respecto de las últimas actuaciones del organismo: “En los últimos años las atribuciones del TC, y la particular forma en que éste las ha interpretado y ejercido, han causado una profunda preocupación y malestar en la ciudadanía. Ésta ha visto amenazados algunos de sus derechos más vitales por la práctica sistemática de la minoría parlamentaria de recurrir a la sede constitucional cuando su opinión no prevalece en el Congreso Nacional, pero también por el ejercicio de sus atribuciones de oficio”, argumentó De Urresti.
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