Diputado Ilabaca exige avances tras caso de corrupción en Río Bueno

El diputado es parte de la querella presentada, donde se involucra a candidatos a la alcaldía de la comuna.

El diputado Marcos Ilabaca manifestó su preocupación tras el allanamiento de esta semana al municipio de Río Bueno, en el marco de la investigación por delitos de corrupción, denuncia en la cual es parte querellante en contra quienes resulten responsables, ya que este caso involucra a las autoridades de dicha comuna.

El allanamiento, encabezado por la Fiscalía regional de Los Ríos junto a la Policía de Investigaciones (PDI), se realizó en el marco de una investigación por graves irregularidades que apuntan a un desvío de más de 1.100 millones de pesos, además de cuestionamientos sobre una licitación por otra suma de 1.500 millones de pesos, en donde las miradas están en la alcaldesa Carolina Silva y el exalcalde Luis Reyes.

Ante estos hechos, el diputado socialista, que ya había hecho denuncias anteriormente, solicitó también que la comisión investigadora sea incluida en el caso. “No es posible que una alcaldesa se mantenga en una línea absolutamente fuera del rango de lo que Contraloría señala”, indicó el parlamentario.

“Lo que espero es que las diligencias que está desarrollando hoy día el Ministerio Público, como la incautación de los teléfonos y equipos computacionales, aunque creo que es tardía, logren arrojar luces sobre estos graves hechos. Necesitamos transparencia, claridad, y no queremos que en la Región de Los Ríos vuelvan a existir personas corruptas al mando de nuestras ciudades", sostuvo el diputado.

Ilabaca, quien ha impulsado un proyecto de reforma constitucional que busca inhabilitar a nivel constitucional a quienes sean condenados por delitos contra la probidad, reafirmó su compromiso en la lucha por la transparencia y la erradicación de la corrupción en cualquier cargo o función pública, resguardando la institucionalidad y las confianzas. En ese sentido, hizo un llamado a acelerar estas investigaciones y mejorar los mecanismos de fiscalización y control en las municipalidades, así como sancionar con mayor severidad a los responsables de actos corruptos.