El reciente jueves 20 de septiembre, el Ejecutivo envió al Congreso el Proyecto de Ley “Aula Segura”, que busca fortalecer las facultades de directores de establecimientos educacionales en materia de expulsión y cancelación de matrícula a alumnos que se vean involucrados en casos graves de violencia escolar.
En la ceremonia de firma del proyecto, el presidente Piñera sostuvo que ''el mensaje es muy claro: les decimos a todos nuestros compatriotas, nuestro Gobierno está comprometido con la calidad de la educación de todos y cada uno de nuestros niños y jóvenes, con la dignidad e integridad que merece toda la comunidad escolar, pero va a perseguir con toda la fuerza de la ley a aquellos delincuentes y violentistas que, disfrazados de estudiantes, sin respetar a nada ni a nadie, pretenden causar un clima de terror al interior de nuestros establecimientos educacionales".
Sobre el proyecto en cuestión, el gobernador del Ranco, Alonso Pérez de Arce, señaló que “permitirá acompañar a profesores, estudiantes, funcionarios y apoderados en la tarea de velar por un espacio educativo libre de violencia”.
El Proyecto de Ley “Aula Segura” fortalece las facultades del director en materia de expulsión y cancelación de matrícula en casos graves de violencia. El proyecto establece que en los siguientes casos, se debe aplicar un procedimiento simple e inmediato de expulsión y cancelación de matrícula:
a) Uso, posesión, tenencia y almacenaje de ciertos tipos de armas definidas en la Ley de Control de Armas (material de uso bélico, armas de fuego, municiones, explosivos de uso autorizado, sustancias químicas usadas para la fabricación de explosivos, bastones eléctricos o electroshock), y artefactos incendiarios, explosivos, y de características similares, como, por ejemplo, bombas Molotov.
b) Agresiones físicas que produzcan lesiones a docentes, asistentes de la educación y manipuladoras de alimentos.
Todo lo anterior con pleno respeto al debido proceso y la posibilidad de reconsideración de la medida por parte del director (se reduce el plazo para solicitarla de 15 a 5 días).
El MINEDUC deberá reubicar al estudiante infractor y adoptar medidas de apoyo.
El alumno que incurra en estas conductas será separado del establecimiento educacional de manera inmediata.
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